MIAMI, Florida, julio, www.cubanet.org -Para muchas personas es un enigma cómo el régimen implantado por Fidel Castro ha logrado mantenerse por más de medio siglo. Las causas que han promovido estallidos sociales en otros países, constituyen en Cuba hechos cotidianos que cuentan – según la versión oficial – “con el abrumador respaldo de la población”.
¿Qué ha hecho diferentes a los cubanos? ¿Cuáles son los fenómenos que han operado al interior de la sociedad cubana y que han contribuido a esa paradójica forma de “consenso”?
A los pocos meses del triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959, sus principales líderes prometieron pan, justicia y libertad. Parecía que finalmente se iban a cumplir los inconclusos objetivos de los fundadores de la nación cubana. Pero con el transcurso del tiempo comenzaron a producirse fenómenos nunca antes registrados en la historia de Cuba.
El impacto inicial lo sufrió la familia: la nacionalización de la enseñanza privó a los padres del derecho a decidir soberanamente el tipo de educación que deseaban para sus hijos. Miles de niños salieron de Cuba bajo los auspicios de la conocida “Operación Peter Pan”, el primer gran éxodo y el comienzo del desmembramiento familiar.
La confiscación masiva de propiedades fue el segundo golpe, esta vez perpetrado contra la economía. Pequeñas, medianas y grandes empresas fueron arbitrariamente arrebatadas a sus legítimos propietarios. El sólido sistema empresarial y financiero cubano pasó abruptamente a manos del Estado y simultáneamente el control de los sindicatos y las asociaciones profesionales, muchas de las cuales desaparecieron o adoptaron formas de “organizaciones de masas”, bajo un enfoque de naturaleza autoritaria y antidemocrática.
Al dejar a un lado su tradicional función de moderador social y garante del bien común, el Estado cubano abolió la independencia de sus poderes y diseñó una enrevesada maquinaria propagandístico-represiva bajo cuyo peso sucumbieron incontables conquistas alcanzadas durante décadas.
La gestión social transcurría bajo el imperio de las “orientaciones”. Por cerca de veinte años Cuba se mantuvo sin un ordenamiento constitucional que preservara los derechos fundamentales de sus ciudadanos y regulara las relaciones entre la sociedad y el Estado, con lo cual se consolidó la condición totalitaria de éste último.
La actividad política, económica, social y cultural de la nación quedó supeditada a directivas estatales. Las mejores tradiciones de la sociedad cubana se relegaron a las sombras. El pasado histórico se convirtió en algo turbio y delictuoso. Las voces que tempranamente denunciaron y protestaron fueron apagadas por las descargas de los fusiles o la sordidez de las mazmorras.
Por primera vez en la historia de Cuba la idea de Patria, Independencia, Libertad y Soberanía se asociaron a un hombre. Enfrentarse a las retorcidas ideas de Fidel Castro implicaba una traición a la Patria. Su condición de Máximo Líder lo convertiría en el juez de la historia y el policía del pensamiento social. Siguiendo los dictados de su insaciable apetito de poder, Castro destruyó los cimientos económicos, morales y éticos en los cuales se sustentaba la República e implantó un sistema político inspirado en el marxismo-leninismo.
El ingreso de Cuba al campo socialista constituyó uno de los capítulos más sombríos de nuestra historia. Las causas por las cuales se gestó la revolución cubana volvían a reeditarse, pero esta vez sin el más mínimo espacio para la rebeldía.
Para lograr sus delirantes propósitos, Castro creó tempranamente un sistema de vigilancia a nivel de comunidad bajo el pretexto de abortar intenciones contrarrevolucionarias. “Vamos a crear un sistema de vigilancia colectiva y revolucionaria…” -- sentenció -- “y vamos a ver cómo se pueden mover aquí los enemigos del pueblo”.
¿Quiénes eran los “enemigos del pueblo” y cuales sus “intenciones contrarrevolucionarias”?
Bajo el apelativo de contrarrevolucionarios fueron calificados, entre otros, quienes se oponían al poder autoritario de Castro. Cuba no necesitaba un caudillo ni un nuevo dueño. Resultaba inaplazable en aquella coyuntura histórica impedir el surgimiento de otra dictadura, escudada en cuestionables principios de soberanía e independencia.
En “enemigos” y “contrarrevolucionarios” convirtió Castro a muchos de sus antiguos seguidores, los mismos que lo secundaron en el asalto al Cuartel Moncada y otros que estuvieron junto a él en el desembarco del yate Granma, en las filas del Ejército Rebelde o como combatientes clandestinos agrupados en las filas del Movimiento 26 de Julio. Personas que se sintieron traicionadas cuando arteramente Castro proclamó el carácter marxista-leninista de la revolución. No fue su incipiente diferendo con Estados Unidos el promotor de aquella unilateral proclamación ni tampoco sus contradicciones internas con quienes se le oponían por haber sido despojados de sus propiedades. La única vía a disposición de Castro para perpetuarse en el poder era el comunismo, a pesar de haber asegurado en una ocasión que “si los comunistas sacan las uñas en Cuba, yo se las corto”.
Para garantizar la continuidad de sus ambiciones, C astro fragmentó las fuerzas que un día lo respaldaron y creó un engendro político al cual denominó Organizaciones Revolucionarias Integradas, que luego el mismo desintegró para fundar el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, bautizado años más tarde como Partido Comunista. De manera que la tesis castrista sobre el partido único creado por José Martí es absolutamente falsa y tendenciosa. En un periodo de tiempo relativamente breve, Castro concibió tres organizaciones partidistas muy diferentes al Partido Revolucionario Cubano fundado por Martí, quien jamás se declaró simpatizante de las doctrinas totalitarias o hegemónicas y cuyo único objetivo era unir propósitos y empeños en aras de la independencia de Cuba.
Pero no sólo se crearon métodos antidemocráticos en la conducción de la sociedad, la economía y el Estado. No sólo se suplantaron valores y se tergiversó deliberadamente la historia. Se diseñaron, además, instrumentos de represión, chantaje y coacción.
¿Cómo es posible, entonces, que un movimiento social traicionado y un pueblo privado de sus más elementales derechos no se hayan rebelado? ¿Dónde encontrar las bases del consenso y el compromiso?
En Cuba no existen vías ni medios para encaminar el disentimiento político. El Estado está supeditado al Partido Comunista, identificado constitucionalmente como “fuerza superior rectora del Estado y de la Sociedad”. El debate público se reduce a fórmulas diseñadas en la esfera ideológica de ese partido, dentro del cual funcionan múltiples departamentos especializados en el control de asuntos tan variados como la distribución de alimentos, la producción agropecuaria, la opinión pública, los planes de enseñanza, el transporte, la edición de periódicos y revistas, las iglesias, la cultura, el cine, el movimiento obrero, las organizaciones infantiles, juveniles, femeninas y profesionales, la designación de funcionarios públicos y otros muchos temas que convierten al Partido Comunista de Cuba en una entidad dominante y fiscalizadora, envuelta en un hermetismo sectario.
Pero el Partido es la parte visible del poder. Existe otra institución superior a él, con diferente nomenclatura, otros líderes, otras normas y otros estilos de trabajo: la Dirección General de Inteligencia (DGI), institucional y públicamente adscripta al Ministerio del Interior, dirigida personalmente por Fidel Castro.
Para el ciudadano común es imposible tener una clara noción de las metas de la DGI. Se la menciona en excepcionales circunstancias, la sociedad no conoce donde están localizadas sus instalaciones, quienes son y cómo se designan sus funcionarios, cuáles son sus prerrogativas, cual es su presupuesto. Es un fantasma que se mueve sobre la geografía cubana con la devastadora fuerza de un huracán.
Un funcionario de nivel medio del Partido, quien abandono sus filas por rivalidad con el liderazgo, llegó a admitir en una conversación privada que sentía escalofríos cuando un oficial de la DGI entraba a su oficina. Esta confesión coincide con la de un viejo cuadro del Partido Comunista de la Unión Soviética respecto al KGB.
La plantilla de la DGI está integrada por sicólogos, siquiatras, periodistas, sociólogos, médicos, abogados, locutores, directores de medios, ingenieros, embajadores y otros profesionales.
Todos los organismos de la administración central del Estado y sus dependencias, así como las empresas, establecimientos, institutos de investigaciones científicas, medios de difusión y organizaciones sociales son supervisados sistemáticamente por oficiales de la DGI. En cada cuadra hay uno o más individuos clasificados por la DGI como “personal de confianza” (PC). Estos sujetos generalmente mantienen una actitud de crítica al régimen, poca militancia política o total indiferencia hacia el sistema. Su misión es informar a la DGI de todo cuanto ocurre en su entorno. Su tarea es independiente de las que realizan los miembros de los llamados Comités de Defensa de la Revolución (CDR), cuya estructura organizativa contempla un Responsable de Vigilancia quien también colabora eventualmente con la DGI, pero sin la capacitación profesional ni la confianza depositada en el PC.
Los CDR también tienen a su cargo la confección y actualización de un “Registro de Direcciones” en el cual aparecen anotados todos los vecinos de su radio de acción con datos relativos a ocupación laboral, tiempo de residencia, movimientos migratorios, centro de trabajo, integración política, etc. Este Registro de Direcciones constituye de hecho uno de los eslabones primarios del sistema represivo cubano.
La DGI organiza, asesora, capacita y moviliza a las Brigadas de Respuesta Rápida (BRR), encargadas de reprimir violentamente las actividades de los movimientos de oposición política y en defensa de los derechos humanos. Las BRR son reforzadas con gentes de la DGI adiestrados en técnicas de artes marciales. Hay numerosos testimonios de disidentes y opositores políticos que han sufrido los ataques de las BRR.
En cada comunidad cubana está creado por la DGI el Sistema Único de Exploración y Vigilancia (SUEV), formado por elementos incondicionales al régimen, dirigidos por un militante del Partido Comunista. El SUEV mantiene un servicio de espionaje paralelo al de los CDR, pero con mayor alcance territorial.
Otra institución represiva que funciona a nivel de comunidad es el Consejo de Defensa (CD), públicamente adscripto al Partido Comunista, pero cuya real actividad es controlada por la DGI. Teóricamente el CD se constituye solo ante una catástrofe natural pero también conforma el sistema represivo primario.
En cada uno de los 169 municipios cubanos funciona una o más unidades de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) así como secciones del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) y de la Contrainteligencia (CI).
La PNR posee sectores a nivel de barrio y un permanente servicio de patrullaje a través de la Brigada Especial y la Brigada Especializada. Esta última dispone de perros amaestrados que fueron empleados por primera vez en los sucesos de la Embajada de México en La Habana, en marzo de 2002.
Dentro de la estructura represiva cubana se encuentran otros organismos encargados de diversas misiones, entre los que se destacan Inmigración y Extranjería, Seguridad Personal, Guardafronteras, Destacamento de Protección a Sedes Diplomáticas, Sección de Protección Física y Secreto Estatal, Establecimientos Penitenciarios y las Oficinas del Registro de Población y Carne de Identidad.
En el ámbito civil, los métodos represivos están presentes en múltiples esferas. El objetivo final de Castro ha sido aterrorizar la sociedad, hacer que el ciudadano sienta su desgarradora soledad e indefensión frente al Estado.
La justicia es aplicada en Cuba desde una óptica totalitaria, centralista y parcializada. Los tribunales son meros instrumentos de ejecución de condenas preconcebidas, particularmente en los casos de “delitos contra la Seguridad del Estado”. El proceso de instrucción penal está en manos de la policía, con facultades excepcionales como si el país viviera en un permanente estado de excepción. La figura de la defensa es asumida por abogados dependientes del control estatal a través de los llamados Bufetes Colectivos pues está prohibido el ejercicio independiente de la jurisprudencia.
En los tribunales cubanos concurren circunstancias realmente insólitas. El juez, el fiscal y la defensa son militantes del Partido Comunista, tal vez camaradas del mismo núcleo, sometidos al “centralismo democrático” y a una ciega incondicionalidad. La historia del derecho cubano contemporáneo registra muchos casos de personas juzgadas y sancionadas por “convicción del tribunal”, incluso a la pena capital.
Hace ya algunos años fue promulgada la Ley 88, popularmente conocida como “Ley mordaza”. Este abominable engendro prevé largas condenas por el solo hecho de expresar ideas a medios informativos extranjeros. Otra ambigua y arbitraria figura delictiva es la denominada “Propaganda enemiga”, aplicada con particular crueldad contra activistas democráticos y opositores políticos. “Desacato”, “peligrosidad social”, “estado pre-delictivo de vagancia” y otras más completan el amplio abanico de aberrantes definiciones contempladas en el vigente Código Penal cubano.
La triple condición de legislador, empleador y rector de la actividad laboral ilegítimamente asumida por el Estado, confiere a este el ominoso privilegio de establecer normas que enrarecen y adulteran la esencia de las relaciones sociales. Desde su rol de legislador, el Estado promulga normas legales destinadas a reforzar su condición de interventor de la sociedad.
Así han surgido decretos que restringen el movimiento de los ciudadanos dentro del territorio nacional y otras normas legales que establecen determinados “requisitos de idoneidad” para alcanzar un empleo o ejercer un cargo público. El concepto de “idoneidad” se aplica generalmente a partir de antecedentes ideológicos y políticos.
La Ley para la Inversión Extranjera proclama que la contratación de la fuerza de trabajo en las empresas de capital foráneo debe realizarse a través de una entidad estatal, la cual obtiene el pago en moneda dura y remunera a los trabajadores en pesos cubanos deprimidos. Esta forma de discriminación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por la Organización Internacional del Trabajo.
Otras normas legales exigen el cumplimiento de insospechados requisitos en una sociedad democrática, entre ellos obtener el consentimiento del gobierno para viajar al exterior, prohibir a los ciudadanos cubanos la inversión en la economía nacional, realizar trámites en dependencias del Estado para cambiar de vivienda, obstaculizar la emigración a médicos y otros profesionales del sector de la salud, portar con carácter obligatorio el Carnet de Identidad, algo cuyo incumplimiento puede ser objeto de una fuerte multa, pedir permiso para trasladarse de centro de trabajo o demostrar “integración revolucionaria” para el ejercicio de ciertos empleos y profesiones.
La educación es igualmente un instrumento represivo. Desde su ingreso al nivel primario de enseñanza, los niños cubanos están obligados a pertenecer a la Unión de Pioneros de Cuba (UPC), al margen de la opinión de sus padres. La UPC es un instrumento de la Unión de Jóvenes Comunistas, funcionalmente dependiente del Partido Comunista. A partir de ese momento al estudiante se la confecciona un “Expediente del Alumno”, en el cual se hacen anotaciones ajenas a la actividad docente, con un marcado acento político-ideológico. En la enseñanza media-secundaria es obligatoria la integración a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y la participación de los educandos en el llamado “Plan la Escuela al Campo”. A los estudiantes que por determinadas razones no participen en ese plan se les priva del derecho de promoción al nivel preuniversitario, independientemente de sus resultados académicos, limitándolos a una formación de técnico medio.
La enseñanza universitaria está reservada “exclusivamente para los revolucionarios”, según definición del propio Fidel Castro. Este dogmático concepto resume la “estrategia” educacional castrista. Igualmente la cultura está regida por patrones represivos. La creación intelectual debe responder a dogmas y esquemas ideológicos. “Con la revolución todo, contra la revolución nada” advirtió Fidel Castro en una ocasión. El Ministerio de Cultura “orienta los objetivos de la cultura nacional”.
Un grupo de “intelectuales” de reconocidos vínculos con la DGI traza los lineamientos generales a los cuales debe supeditarse el talento de los creadores cubanos. No por gusto decenas de intelectuales han abandonado la Isla en busca de libertad.
En la esfera de la salud pública de produce un ambiente de disconformidad entre los profesionales del sector. La escasez de medicinas, el deterioro de las instalaciones asistenciales, el desgaste físico y emocional, unido a los bajos salarios y el poco reconocimiento social, han provocado que muchos médicos y enfermeras, en un intento por mejorar su calidad de vida y con un doloroso abandono de su vocación, renuncien a sus profesiones y se vinculen laboralmente a la industria turística o se dediquen a tiempo completo al alquiler de sus autos, sus viviendas – e incluso sus esposas – a los turistas extranjeros o a la práctica de diversas actividades ilegales en el mercado negro, mientras otros aprovechan una “misión internacionalista” para abandonar definitivamente a Cuba.
Aplicando su filosofía represiva, el régimen decidió que ningún médico o enfermera puede desvincularse del sistema nacional de salud pública para prestar servicios en el turismo, en vez de crear las condiciones para impedir el éxodo de esos profesionales.
Ante estas y otras abrumadoras realidades, al pueblo cubano le quedan muy pocas alternativas. Una de ellas es la simulación, a través del ejercicio de “la doble moral”, cuyas consecuencias han perturbado incluso las relaciones familiares. Otras se concentran en la emigración a cualquier precio, el “escapismo”, la falta de interés por el trabajo honrado y la generalizada apatía.
La más noble de todas es la pérdida del miedo. Esta ha impulsado a cientos de ciudadanos a integrarse en las organizaciones opositoras, en un acto de excepcional valentía, hundiéndose en un permanente estado de acoso y represión contra ellos y sus familiares.
Cuando el presente de Cuba sea pasado, cuando se descorra el velo de la mentira, cuando los cubanos abandonen su condición de súbditos y recuperen la de ciudadanos, cuando todos unidos emprendan el camino de la reconstrucción moral y material, sólo entonces el mundo podrá comprender a quienes han mantenido encendida la luz de la verdad durante tantos años.
Sólo entonces alcanzará su auténtica dimensión la palabra consenso.
